La Junta Directiva de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) manifestó su preocupación por la situación de los y las migrantes y el acuerdo de Costa Rica con Estados Unidos. Foto: ILCO
SAN JOSÉ DE COSTA RICA (LWI) - La Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su profunda preocupación ante el “Memorando de Entendimiento no vinculante” suscrito entre el gobierno de Costa Rica y el de los Estados Unidos para recibir personas deportadas por las autoridades estadounidenses.
Con una trayectoria de más de 35 años en el acompañamiento a personas migrantes y refugiadas, la ILCO reafirmó que su compromiso se fundamenta en el mensaje del Evangelio y en el llamado bíblico a “hacer justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero”. En ese marco, destacó el trabajo realizado a través del albergue Bet Lehem, que en los últimos años ha brindado acogida a personas de diversas procedencias, identidades y creencias.
Desde esta experiencia pastoral y social, la iglesia expresó su inquietud por las implicaciones del acuerdo, especialmente en relación con el respeto a los derechos humanos. En su declaración, la ILCO cuestiona las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump, señalando prácticas de persecución, detención y deportación que, según afirma, no se ajustan a los principios del Evangelio ni a los estándares internacionales de derechos humanos.
Con una mano en el Evangelio y otra en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos permaneceremos en atención solidaria junto con las diversas organizaciones
que trabajan con personas migrantes y refugiadas en el país.Junta Directiva de la Iglesia Luterana Costarricense
Asimismo, la iglesia manifestó preocupación por antecedentes en la implementación de este tipo de medidas en Costa Rica, donde —según indica el pronunciamiento— personas deportadas habrían sido mantenidas “bajo custodia” en condiciones contrarias a la dignidad humana.
Ante este escenario, la ILCO instó al gobierno costarricense a garantizar transparencia y brindar información clara sobre el contenido y los alcances del memorando, incluyendo detalles sobre la condición migratoria temporal de las personas deportadas, así como los protocolos de atención previstos.
De igual manera, exigió el respeto pleno a los derechos humanos de las personas trasladadas al país, incluyendo la libertad de movimiento, acceso a alimentación y atención médica, y la garantía de no ser enviadas a destinos en contra de su voluntad.
El pronunciamiento también reafirma el compromiso de la iglesia de continuar trabajando junto a organizaciones de la sociedad civil, como la Red Nacional de Apoyo a la Persona Migrante, en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. “Con una mano en el Evangelio y otra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos permaneceremos en atención solidaria”, señala el texto, que concluye con un llamado al gobierno de Costa Rica a honrar su histórica tradición de respeto a la dignidad humana.
